La advertencia fue directa: No vengan, aquí no quieren a los sinaloenses; a ustedes también los pueden levantar, los pueden matar.
La voz fue la de un policía ministerial de Tamaulipas.
Ellos cerraron sus oídos, tomaron un camión rumbo a Nuevo Laredo, territorio fronterizo marcado con la última letra del abecedario.
Qué sentimiento hace que esposas, padres e hijos dejen su trabajo, el resto de su familia y viajen por dos semanas a la "cueva del lobo". Al territorio Zeta, considerado uno de los carteles de la droga y tráfico más sangrientos del país.
Qué tanta angustia, desesperación, impotencia, necesita acumularse en alguien para llegar al sitio donde hombres de negro, con vehículos más negros y armas con intenciones aún más negras, secuestraron a sus parientes.
Nuevo Laredo, 20 de junio. Un grupo armado levanta a nueve pobladores de Guasave, Sinaloa, que viajaron a instalar antenas de celular para la compañía Nextel, según información de familiares. Los individuos permanecían en un departamento afuera del centro de la ciudad. Han pasado 54 días sin que se dé con su paradero. Se desconoce si están vivos o muertos.
Los 19 familiares salieron el 17 de julio de Guasave, Sinaloa. De éstos, 11 volvieron el 3 de agosto; el resto regresó antes a su tierra.
Tomaron un autobús en la central camionera rumbo a Guadalajara para después viajar a Nuevo Laredo. No había ruta más corta. En Jalisco carecían de salidas en el día. Esperaron hasta la noche. En total tardaron 3 días en llegar. Por todo el recorrido, incluyendo la visita a la Ciudad de México, recorrieron 3 mil 332 kilómetros.
La Procuraduría de Justicia de Sinaloa solicitó al Ministerio Público de Tamaulipas apoyo. Los familiares temían por su seguridad. Las esposas de los hermanos Carlos y Ricardo Peña Mejía acudieron días antes que el grupo a buscar a sus maridos.
Preguntaron a vecinos, a autoridades, a quien pudieron. Lo único que lograron, según le contaron a Ramona Gómez Soto, esposa de José Hugo Camacho Fierro, quien acudió al viaje de par de semanas, es constatar que un grupo armado levantó a su marido y, al día siguiente, se llevaron las tres camionetas que utilizaban.
"A las esposas que habían ido les dijeron que no fuéramos más personas porque era peligroso, porque a lo mejor también nos levantaban", dice Ramona, "íbamos con temor, pero miedo miedo, no, porque íbamos 19. La mayor parte del tiempo estuvimos encerrados".
Un par de camionetas de policías ministeriales las custodiaba las 24 horas del día. A donde se desplazara uno de ellos un ministerial iba a su lado. La frontera los intimidaba. Cuando salieron a la calle les pareció ver poca gente, como si tuvieran miedo a caminar sobre sus propias calles.
"Los ministeriales nos cuidaban día y noche", menciona y recuerda lo que le decían los elementos, "si van a ir al Oxxo, avísenos, porque pasando la calle los pueden matar".
Pero ellos iban decididos. Iban por sus hermanos, por sus hijos, por sus esposos y no pensaban regresar con las manos vacías; aunque así regresaron.
Era platicar del mismo dolor, comerse las mismas uñas, sentir el mismo temor.
Era cambiar tres veces de hotel buscando siempre el más económico, a pesar del apoyo que les dio Gobierno.
Era visitar la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas todos los días, exigir que los buscaran, que avanzaran en las investigaciones; presionar a la burocracia, platicar con elementos policiacos, con quien sea que ayudara con una pista, con una señal que los llevara al paradero de los nueve técnicos en comunicaciones.
Tras intensas peticiones lograron realizar un sobrevuelo en avioneta por Ciudad Victoria, al sur de Nuevo Laredo. No encontraron nada: ni personas ni vehículos.
"Se nos facilitó un avión para ir a buscarlos a Ciudad Victoria, pero estamos hablando de una altura de 700 metros. No se puede identificar ningún carro, menos personas", reclama José Manuel Ochoa Ahumada, padre de Julio César Ochoa Romo, pescador de un barco camaronero.
José Manuel no oculta desespero. No sabe a quién acudir, en quién confiar.
Mientras platica, su mirada parece perdida. No enfoca, no observa. Sólo mantiene lo ojos abiertos.
"Nos fuimos a Ciudad Victoria y ya veníamos en camino cuando nos dijeron que los de la AFI habían entrado a los cuartos de nosotros. Rentábamos cuatro cuartos. Pusimos una demanda ahí y ellos negaron que habían entrado: esto es desesperante", confiesa.
Tras insistir en Tamaulipas y sumergidos en el desespero, decidieron irse a la Ciudad de México a presionar a la SIEDO, a la PGR y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las primeras dos instituciones no les resolvieron; en la CNDH ni siquiera dejaron entrar a todos porque les dijeron: "estamos de vacaciones".
"No tenemos esperanza en la CNDH porque nos atendían en la puerta", reclama Amalia Armenta, esposa de Roberto Gutiérrez Medina e hija de Constantino García Jiménez.
La incredulidad de los familiares ha llegado a tal grado que piensan que el levantón pudo haber sido ejecutado por grupos del narcotráfico, por el propio Ejército o por policías federales.
El martes, el Gobierno de Sinaloa inició un proceso de petición de audiencia para que el Procurador Eduardo Medina-Mora atienda a los familiares.
Amalia ya no sabe qué pretexto inventar a sus hijos, les ha dicho de todo.
"Mi hijo me pregunta a diario: Mamá, ¿ya encontraste a mi papá?".
Y lanza el arrebato de incredulidad que la impotencia motiva. Lo duda todo.
"Para mí que las autoridades con las que estuvimos en Nuevo Laredo sí saben dónde están. Porque se les hizo la pregunta directa de que si ya habían buscado en Semefo y rápidamente nos contestaron: 'muertos no están'. Lo que nos dan a entender es que ellos sí saben dónde están pero no nos lo dicen".
DESAPARECIDOS
Nombre Edad
Marcelino Moreno Leal 33
Ricardo Peña Mejía 30
Carlos Peña Mejía 37
José Hugo Camacho Fierro 38
Víctor Romero *
Julio César Ochoa Romo 20
Constantino García Jiménez 46
Roberto Gutiérrez Medina 32
Eduardo Toyota Espinoza 43
* Edad no especificada
